Todo es
cuestión de enfoques. El Congreso de la Unión aprobó el dictamen para crear el
Sistema Nacional Anticorrupción, un nuevo Instituto que buscara homologar las
acciones de los tres niveles de Gobierno, algo similar al Nuevo Sistema Penal
que se ha rezagado en su aplicación Nacional. Este proyecto deberá de ser
aprobado por el Senado para después ser avalado por las Legislatura locales. Posteriormente
el Poder Legislativo tendrá una año
para expedir una Ley General que establezca las bases y las adecuaciones a las Leyes
Secundarias. El paso final será que los Congresos Locales y la Asamblea del
Distrito Federal expidan sus leyes y realicen los ajustes correspondientes en
un plazo de 6 meses.
En la búsqueda
de esquemas novedosos el titular del nuevo organismo será propuesto por el
Presidente de la República y ratificado por el Senado. De aquí se desprenden como
líneas de acción la presentación de la declaración patrimonial, que ya existe,
y se incorpora la novedad de que la autoridad reconozca el conflicto de
intereses en asuntos que está resolviendo, lo cual también ya existe y se llama
tráfico de influencias. Sobre este punto se prevé que los gobiernos cierren
cualquier espacio que genere abuso de autoridad, situación sistemática que en
la actualidad se conoce cuando un ciudadano se aventura a denunciar una
irregularidad.
Lo realmente
novedoso es la creación de un Comité Coordinador integrado por autoridades
federales, estatales y municipales, así como un representante del Comité de Participación
Ciudadana, con el objetivo de recabar todas las acciones que están dispersas en
el mundo de la legalidad, para convertirlas en una sola línea de acción, que se
deberá de enfocar en fiscalizar y controlar
el comportamiento de los malos servidores públicos. Esta es una acción que realizan
actualmente los Observatorios Ciudadanos. En consecuencia, este concepto se concretizaría
hoy en día si la autoridad se apegará al cumplimiento de sus derechos y
obligaciones, sin dar lugar a las interpretaciones y actuaciones fuera de los
valores que en esencia cada quien formó en su hogar y los transmite posteriormente a
sus hijos. Este elemento se llama la cultura de la legalidad, un camino que no
debe de caer en desuso y no debe dejarse de lado.
Si
efectivamente los tres Grupos Parlamentarios más fuertes, PAN-PRI-PRD, proponen
combatir la corrupción con nuevos esquemas, sanciones y acciones que prescribirán
a los 7 años, entonces esto quiere decir que la Comisión de la Verdad del PRD tenía
que esperar la creación de este Órgano para informarnos lo que ya todos sabemos
sobre sus autoridades de Guerrero. O que la reciente designación del Presidente
Peña Nieto del Secretario de la Función Pública se considerará legal pero
inmoral. O que el PRI dejó de lado su propuesta anticorrupción para nombrar a
un candidato que es acusado de la desaparición de $800 millones. O que en el PAN
no hay nada que ocultar porque se siguen los principios humanistas de su
fundador Gómez Morín.
Al respecto
el recién electo Presidente Nacional del PAN, cargo que dejó para alcanzar
una candidatura a diputado federal por la vía plurinominal, Gustavo Madero, celebró
la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que es una
victoria cultural de su partido, el cual agregó “siempre ha actuado en
congruencia para fortalecer la vida política y social de México”.
Notas
al Vuelo: Entre competencias de esgrima e incompetencias
para atender los problemas causados por la falta de atención…O todo se perdona
por ganar medallas?
El autor es analista político desde 1992, catedrático universitario
y tiene amplia formación en el servicio público.
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